Nota: Plazo de participación terminado el 21.03
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Presentada por DAVID EXPOSITO ALVAREZ
(Medida proveniente del grupo de trabajo de programa sectorial o territorial correspondiente)

¡Nota importante! Esta es la web que se usó para recoger propuestas para el programa participativo de Ahora Madrid. Aquí se recogen todas las propuestas que distintas personas enviaron, no hay filtro, sólo orden por votos. Obviamente no todo lo que se envió está en el programa final: la propuesta que estás leyendo no tiene por qué ser necesariamente parte del programa de Ahora Madrid .
Descarga el programa final en pdf desde nuestra página principal:

Propuesta:

Para reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales de cara a afrontar con garantías la grave situación de desigualdad social existente en la Comunidad de Madrid como en el resto del Estado, resulta urgente no solo no seguir recortando en materia de Servicios Sociales, principalmente en aquellos recursos más próximos al ciudadano, sino recuperar aquellos programas y proyectos necesarios para el impulsar el bienestar de la ciudadanía, principalmente de aquellas personas más vulnerables y que más han sufrido desde el inicio de la crisis. Para ello es imprescindible apostar por una financiación y gestión pública de los recursos, para que sea la Administración Pública quien tenga la facultad de exigir unos estándares de calidad para los programas y proyectos. 

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Comentario de Ignacio Manrique
Los servicios sociales son y deben de ser competencia municipal como administración más cercana a los ciudadanos, donde se conoce a los vecinos que acuden a los mismos y no son un mero expediente. La ley aprobada por el gobierno transfiere estas competencias a las comunidades autónomas dejando como única competencia a los ayuntamientos una atención meramente benéfico asistencial. Por ello me parece necesario que los ayuntamientos recuperen la competencia en materia de servicios sociales. Dicho esto sé que no es competencia de los ayuntamientos aprobar esto, que corresponde al estado, pero es obligación de los municipios reclamarlo.
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Comentario de Maria Leon
Trabajo en un CAI del Ayto. de Madrid de gestión privada. Existen 8 CAI, 3 públicos y 5 de gestión privada. Cobramos infinitamente menos que públicos y con peor horario por hacer exactamente el mismo trabajo. Por si esto fuera poco, cuando se convocan oposiciones no nos puntúa la experiencia, a pesar de ser la misma q la de nuestros compañeros funcionarios.

Por supuesto creo q los servicios sociales deben ser publicos, pero también se deben buscar formas justas pars reubicar a los trabajadores q llevamos años dejándonos la piel en los servicios sociales q se han privatizado.
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Comentario de Daniel Reyes Molón
Las diferencias sociales que genera el sistema económico imperante conllevan situaciones en las que sectores importantes de la población necesitan de la solidaridad del resto. Estas situaciones no han pasado desapercibidas para el conjunto de la sociedad. De esta forma, a lo largo del siglo XX fue surgiendo el concepto de “servicios sociales” tal como lo entendemos hoy día. Sin duda, una conquista histórica del movimiento obrero que con su lucha fue arrancando importantes concesiones, obligando al Estado y las distintas administraciones a destinar una parte importante del dinero público a las llamadas políticas de bienestar social, como forma de redistribuir la riqueza y garantizar así un mínimo nivel de vida a todos los ciudadanos. Los sistemas sanitarios y educativos públicos, junto a los servicios sociales, son los pilares fundamentales del llamado “Estado del Bienestar”, imperantes en Europa Occidental tras la II Guerra Mundial.

Pero las tesis liberales defendidas por los neocon desde finales de los 70 fueron ganando cada vez más fuerza, planteando la disminución de la intervención estatal a todos los niveles, dejando a la sociedad en manos de esa entelequia denominada “leyes del mercado”. Una orgía de privatizaciones recorrió Europa (y el mundo), incluyendo al estado español. Y los servicios sociales también se plegaron a estas tesis liberales, por lo que toda una pléyade de oenegés surgieron en los años 90 al calor de la privatización ((el 78,2% de los trabajadores del sector prestan sus servicios en empresas privadas). Es en este contexto general donde se enmarcan las leyes de Servicios Sociales de las distintas comunidades autónomas. La privatización pervierte en origen el objetivo que debieran tener los servicios sociales (la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad), pasando a ser una fuente de negocio más para la patronal, de forma que el enorme caudal de dinero público destinado a cubrir necesidades sociales va desviándose en parte hacia otros menesteres, vía conciertos y subvenciones.

Además, la privatización conlleva que el sector de la Intervención Social sufra uno de los niveles de precariedad laboral más altos del conjunto de los sectores productivos (el empleo en los servicios sociales muestra una precariedad superior a la media del total nacional con una tasa de temporalidad 3 puntos superior a la media del conjunto de sectores y una tasa de parcialidad en los contratos 9,3 puntos superior a la media). Este hecho inevitablemente afecta a la calidad del servicio y favorece la represión interna ante cualquier actividad sindical de clase o cualquier disidencia metodológica. Lo que no sólo repercute en las condiciones laborales y salariales (el salario medio en servicios sociales es un 28% inferior al salario medio en España), sino que incluso limita a los trabajadores en uno de los aspectos fundamentales de su labor profesional: la defensa de los intereses de los usuarios, facilitando la arbitrariedad en las decisiones que afectan a los usuarios tanto de la institución para la que trabaja como de la administración competente. Y es que la privatización también juega un importante papel político, ya que permite a las administraciones enajenarse de sus responsabilidades al delegar sus funciones en otras entidades.

Por otra parte, en un contexto como el actual de crisis estructural del sistema, la privatización está permitiendo que el sistema de servicios sociales pueda ser desmantelado con gran facilidad por su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal para la prestación de servicios (basta con no renovarlos para hacer desaparecer el servicio. Entre 2010 y 2013 se perdieron 56700 empleos en servicios sociales). Y la precariedad y atomización de los trabajadores del sector dificulta enormemente la respuesta organizada contra los recortes. Por lo tanto, para que los servicios sociales puedan cumplir con su objetivo declarado, los recursos deber ser de titularidad y gestión públicas, sin empresas intermediarias.

Funcionamiento burocrático de los servicios sociales

Dicho esto, es necesario reconocer la existencia de organizaciones que actúan realmente sin ánimo de lucro, y que además realizan una gran labor. Son fácilmente distinguibles de las entidades sinónimo de lucro, ya que no buscan su expansión, sino profundizar en la labor que realizan, generalmente en un ámbito geográfico concreto, naciendo del tejido social de los distintos barrios donde están presentes. Estas asociaciones deben jugar un importante papel en el sistema de servicios sociales.

Como se mencionó anteriormente, los servicios sociales deberían ser de titularidad y gestión pública. Pero este hecho, por sí mismo, no garantiza la eficacia de los mismos. A pesar de la privatización, los servicios sociales tienen un funcionamiento excesivamente rígido y burocrático, profundamente antidemocrático. En la práctica, la capacidad de control ciudadano sobre los servicios sociales es nula, por lo que sus intervenciones suelen ser bastante ineficaces. O no, porque en muchos aspectos el sistema de servicios sociales está llamado más que a satisfacer necesidades a ejercer como un mecanismo de control social. Los programas de intervención se diseñan en despachos física y socialmente muy alejados de las zonas geográficas y sectores de población sobre los que se va a intervenir. Y esto es precisamente así porque se trata de intervenir sobre, y no junto a o en colaboración con los sectores afectados, que es como debiera ser.

Todo el funcionamiento de los servicios sociales está marcado por las formas burocráticas. De hecho, por regla general las decisiones finales que afectan directamente sobre la vida de las personas suelen ser tomadas por quienes en demasiadas ocasiones ni siquiera conocen a los afectados, basándose en informes que derivan otros profesionales. Por lo que se cometen numerosos errores e incluso injusticias manifiestas, creando problemas en lugar de solucionarlos. Y como las decisiones normalmente se toman de forma colegiada (y en base a informaciones de terceros), finalmente nadie se responsabiliza de las consecuencias de esas decisiones, aumentando así la indefensión que ya de por sí sufren generalmente los sujetos diana de la intervención. Si a todo esto le sumamos los efectos derivados de la privatización, nos encontramos con el panorama general de los servicios sociales durante las últimas dos décadas. Un excelente sistema de control social bastante ineficaz a la hora de luchar contra la exclusión social (mientras el número de empresas de “lo social” y de educadores, trabajadores sociales, integradores, etc. crecía exponencialmente, las bolsas de marginación fueron en aumento). Incluso se hacían prospecciones buscando nuevas fuentes de “materia prima” sobre la que intervenir, llegándose así a realizar intervenciones sobre familias que sólo necesitaban apoyo económico, mientras que otras necesidades son obviadas porque no están contempladas en los proyectos subvencionados mediante concierto o simplemente por falta de plazas, dejando así de existir ciertas realidades que la maquinaria de los servicios sociales no puede procesar.

Por tanto, los servicios sociales, además de públicos, tienen que ser democráticos. Y es aquí donde esas asociaciones realmente sin ánimo de lucro deben jugar un papel fundamental. Tanto el análisis de las necesidades como la elaboración de los programas de intervención deben surgir del tejido social de los propios barrios, del movimiento asociativo en colaboración con los profesionales de los servicios sociales. Y la ejecución de dichos programas debe ser supervisada por ese mismo tejido asociativo, junto a la Administración y los representantes de los trabajadores del sector. Además, las mencionadas asociaciones también deben mantener su capacidad de acción social directa, elaborando proyectos transversales, complementarios a la actuación de los servicios sociales públicos (actividades subvencionadas con dinero público pero circunscritas a espacios geográficos limitados y de no elevada necesidad presupuestaria, de tal manera que el afán de lucro no tenga cabida).

En resumen, los servicios sociales deben estar sometidos al control ciudadano, y el papel de los responsables políticos de la Administración debe limitarse a garantizar los medios necesarios para su desarrollo, así como al control sobre su correcto funcionamiento junto al tejido social. Por último, junto a lo mencionado hasta el momento, para garantizar la calidad de la intervención, es fundamental la formación continua de los profesionales del sector (algo que en la actualidad no sucede, salvo la realización de ciertos cursos y jornadas de nulo valor práctico y formativo, cuyo único objetivo es justificar las subvenciones recibidas a través de la Fundación Tripartita). A la insuficiencia de la formación académica formal para el trabajo práctico, se suman los constantes cambios que se producen en el seno de la sociedad, por lo que una formación continuada y de calidad no sólo es deseable sino absolutamente imprescindible.

No a los recortes. Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad

En la actualidad, cuando las clases dominantes han decidido desmantelar el estado del bienestar amparándose en una crisis económica que ellos mismos han generado, los servicios sociales están en peligro de muerte. Han decidido sustituir los mecanismos de control social que el poder político ejercía a través de los servicios sociales por el control social directo, ejercido por los cuerpos policiales y el sistema judicial penitenciario (por ejemplo, mientras los programas de atención y prevención con menores van desapareciendo o sufren recortes salvajes, los recursos de internamiento forzoso no parecen verse afectados). Y como en todo proceso de reconversión, el sector quedará cada vez en menos manos, haciéndose con todo el pastel las multinacionales de la beneficencia (en especial las relacionadas con la Iglesia), desapareciendo aquellas empresas y entidades que desarrollaban su labor de forma más honesta. En este momento, como profesionales comprometidos con los usuarios y con el propio futuro de nuestra profesión, no tenemos más remedio que luchar contra los recortes, enfocando esa lucha hacia la consecución de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.
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Comentario de Rosa Bernárdez
Me parece bien como medida transitoria, puesto que estamos en una urgencia social. Pero hay que ser muy ciudadoso con no duplicar administraciones autonomicas o estatales.
Si algo es de competecia de autonómica o estatal primero hay que exiguir a la autonomia o estado que cumpla sus obligaciones. Una posibilidad es luchar en tribunales para que reintegren el valor del gasto por sus responsabilidades no asumidas.
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Comentario de ANTONIO Ardura Feito
indispensable para recuperar los servicios de calidad y promover el empleo publico

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