Nota: Plazo de participación terminado el 21.03
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Presentada por alberto garcia
(Medida proveniente del grupo de trabajo de programa sectorial o territorial correspondiente)

¡Nota importante! Esta es la web que se usó para recoger propuestas para el programa participativo de Ahora Madrid. Aquí se recogen todas las propuestas que distintas personas enviaron, no hay filtro, sólo orden por votos. Obviamente no todo lo que se envió está en el programa final: la propuesta que estás leyendo no tiene por qué ser necesariamente parte del programa de Ahora Madrid .
Descarga el programa final en pdf desde nuestra página principal:

Propuesta:

La capacidad de gestionar las medidas judiciales de los menores infractores esta muy por debajo de la demanda real, lo que crea una situación de abandono de esos menores y crea una brecha mayor que separa a los excluidos en nuestra sociedad.
Dedicar más recursos permitiría integrar a los sectores más susceptibles de la exclusión y evitaría los problemas de falta de formación de menores y la delincuencia.

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Comentario de Daniel Reyes Molón
Toda la legislación penitenciaria hace referencia a la reinserción del preso. De hecho, no puede ser de otra manera ya que la Constitución, en su artículo 25, deja claro que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En el caso de la justicia juvenil, la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), se indica que toda medida a adoptar buscará siempre el “el interés superior del menor”.

Pero en la práctica, esto no sucede, ya que las propias condiciones en que se desarrolla la privación de libertad conllevan unas consecuencias para los penados que dificultan su integración en la sociedad. El encierro acarrea consecuencias de todo tipo, también puramente fisiológicas, como el aumento del riesgo de contraer enfermedades contagiosas y la atrofia en cierta medida de los sentidos (por ejemplo la vista, debido a la falta continuada de espacio). Pero nos centraremos en las consecuencias psicosociales del encierro, que las ciencias sociales, la psicología y la psiquiatría llevan décadas analizando. De hecho, está sobradamente contrastada la existencia del denominado síndrome de prisionización (Fernández, B. 2012): empobrecimiento vital, síndrome amotivacional, baja autoestima, sentimiento de inutilidad, pérdida de autoconcepto, problemas de identidad, sensación de vacío, pérdida de la capacidad de tomar decisiones, comportamiento reactivo, dualidad adaptativa al entorno (o violencia y agresividad o sumisión y abandono), sensación de falta de control sobre la propia vida, falta de responsabilidad, sentimientos de inferioridad, sensación de impotencia, sensación de fracaso, ansiedad, depresión y pensamientos obsesivos.

Adaptación al entorno anormal de la prisión

Toda conducta tiene una finalidad adaptativa, en el sentido de que es la mejor manera que encuentra el individuo para responder a las demandas del medio. Por tanto, toda conducta se produce en un contexto y responde a las características de ese contexto. En consecuencia, una conducta adaptativa en un determinado ambiente no tiene porqué ser adaptativa en otro.

En prisión, la conducta del individuo se modifica, adaptándose al nuevo contexto vital para sobrevivir de la mejor manera posible. Sin embargo, al salir en libertad las consistencias comportamentales adquiridas al adaptarse al medio carcelario dificultarán su integración, al haber aprendido el sujeto conductas útiles para el entorno penitenciario pero generadoras de rechazo y exclusión en un ambiente normalizado.

Por regla general, en prisión se configuran dos estilos comportamentales básicos entre los reclusos: la autoafirmación agresiva o la sumisión.

La autoafirmación agresiva es el mecanismo de adaptación más sano a la privación de libertad, ya que permite al sujeto mantener cierta integridad psicológica, salvaguardando su autoestima frente al poder absoluto de la institución, permitiéndole mantener cierta dignidad. Sin embargo, esto le acarreará continuos problemas con la institución, ya que la maquinaria represiva se volverá cada vez más punitiva hacia él.

Por el contrario, la sumisión permitirá la preso eludir en cierta medida la brutalidad de la cárcel e irá ganando ciertos privilegios, pero a costa de un grave daño a su autoestima y sufriendo el rechazo de sus compañeros (exclusión dentro de la exclusión).

A través de estas dos maneras de afrontar el encarcelamiento, van consolidándose ciertas consistencias relacionales. Por regla general, las relaciones personales que se establecen durante la privación de libertad se basan o bien en el dominio sobre el otro o bien en la sumisión. Formas relaciones muy útiles de alguna manera en la cárcel pero que dificultan sobre manera los procesos de adaptación a ambientes normalizados, dificultando el establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales de todo tipo.

Otra de las características básicas de la institucionalización es la ausencia de control sobre la propia vida, ya que todo está regulado y el sujeto no tiene ningún poder de decisión en ningún aspecto de su vida. Esta circunstancia está mucho más marcada en los centros de menores que en las prisiones ordinarias, ya que el preso aquí ni siquiera puede decidir cuando ir al lavabo o cuando beber agua.

Esta situación va llevando al preso hacia una concepción fatalista de la vida (“no puedo hacer nada para cambiar mi situación). Y esta vivencia fatalista, junto al hecho objetivo de su falta de poder para tomar incluso las decisiones más nimias sobre su vida, conduce a una total ausencia de responsabilización, infantilizando de forma crónica al preso (proceso de “mutilación del yo”, según Ervin Goffman). Esta situación le lleva a no responsabilizarse de sus propios actos, por lo que su actuación cada vez será más irreflexiva e impulsiva, favoreciéndose así las posibilidades de reincidencia al recuperar la libertad.

Otro aspecto a destacar es que una persona privada de libertad, además, vive en un estado permanente de ansiedad, que puede cronificarse. Y cuando es tratado, lo es casi invariablemente de manera farmacológica a través de ansiolíticos, que generan adicción y acostumbrar al sujeto a solventar su malestar psíquico a través de tóxicos, facilitando así la aparición de conductas adictivas (además de las posibles secuelas neurológicas que pueden acarrear el consumo crónico de psicofármacos, más a edades tan tempranas como sucede en los centros de menores).

Por último, es necesario destacar la fuerte alteración que sufre la afectividad del preso. Debido a las condiciones de vida en prisión (y a la propia biografía de exclusión y rechazo del ahora preso) se va generando una fuerte coraza afectiva (que hará parecer al preso como una persona fría e insensible), una gran dificultad en la expresión emocional y una fortísima labilidad, lo que a su vez dificulta enormemente el establecimiento de vinculaciones afectivas, retroalimentando los trastornos afectivos.

Destrucción de las redes sociales del preso

Nuestra red social es lo que nos permite sobrevivir y desarrollarnos como personas. Sin embargo, una de las características comunes a la mayoría de las personas que acaban presas es la escasez o poca calidad de su red social, ya que la mayoría de las personas privadas de libertad proceden de situaciones de fuerte marginación y exclusión social.

Esta situación de excluido se verá reforzada por el paso por la cárcel de la persona. Y no sólo por la estigmatización que sufrirá como ex convicto. Sino porque el paso por la cárcel rompe las pocas redes sociales que pudiera tener la persona.

La entrada en prisión implica el aislamiento tajante e inmediato respecto de toda la vida de fuera. El sujeto va a ver brutalmente restringidas sus relaciones interpersonales, lo que conlleva una pérdida gradual de las vinculaciones que tenía establecidas. Las personas del exterior, sobre todo su entorno inmediato y con las que tenía unas vinculaciones afectivas intensas, al principio del encarcelamiento se volcarán, con visitas, paquetes, cartas, etc. Pero poco a poco, irán rehaciendo sus vidas y estableciendo vinculaciones con otras personas, en las que el preso no estará presente. Así, poco a poco irá perdiendo relevancia entre sus allegados y se acabará convirtiendo en un elemento extraño e incluso perturbador de la propia vida de las demás personas, incluso de sus íntimos.

Poco a poco el preso va perdiendo la noción de la realidad del exterior, incluso distorsionando sus recuerdos. Y cuando salga, para él no habrá pasado el tiempo, pero para los demás sí. Por eso, cuando el preso vuelve a su ambiente de fuera, se encuentra al margen, percibe que ya no encaja, no tiene sitio, aumentando sufrimientos y frustraciones.

Todo esto además se ve favorecido por los mecanismos de comunicación existentes bajo privación de libertad, más aún en los centros de menores. Las comunicaciones, muy restringidas, están distorsionadas por la continua presencia del personal del centro, y por los humillantes registros con desnudo integral tras cada visita. De esta manera, las pocas vinculaciones que puede mantener el reo se ven distorsionadas por el filtro institucional.

Aumento de la exclusión social

Las consecuencias de la privación de libertad, por tanto, son generadoras de exclusión, lo que a su vez, choca frontalmente con el supuesto objetivo resocializador de los centros y las prisiones (incumpliéndose así el mandato constitucional).

Todas estas consecuencias generales del encierro e institucionalización (ya sea en cárceles ordinarias, en centros de menores o en instituciones psiquiátricas) tienen mayor intensidad en el caso de menores de edad, ya que los adolescentes aún están conformando su personalidad, y precisamente la adolescencia es una edad crítica a lo hora de perfilar el estilo relacional de la persona. A lo mencionado, hay que sumar los efectos del estrés postraumático que suelen sufrir muchos de los menores internados en este tipo de centros. Tras recuperar la libertad, son frecuentes los cuadros de elevada ansiedad, insomnio, sensación de “seguir encerrado” (situación potenciada por las medidas de libertad vigilada tras la excarcelación), desrealización y despersonalización, desapego, embotamiento emocional, etc. Y si a todo lo mencionado, le sumamos la formalización social como delincuente, estamos empujando al menor hacia un futuro de marginación, entrando en un círculo vicioso del que difícilmente va a poder salir.

La separación de grupo

El régimen disciplinario que ha de aplicarse en los centros contempla como medida la sanción por separación de grupo. En realidad, esto no es más que un eufemismo, para ocultar lo que en realidad consiste en una pena de aislamiento, situación prohibida por la legislación internacional (Reglas de Beijing aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, cuyo artículo 67 establece que “estarán prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento, celda solitaria, así como cualquier sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor”).

El reglamento de Menores afirma que la duración máxima de la separación de grupo no puede exceder los 7 días, y no es posible el cumplimiento sucesivo de diversas sanciones, aunque sí se pueden imponer con un intervalo de 1 día de forma que un menor puede cumplir 7 días de aislamiento y 1 día de vida ordinaria, 7 días de aislamiento y 1 día de vida ordinaria, y así indefinidamente, de forma que en la práctica nos podemos encontrar con menores continuamente aislados.

Las penas de aislamiento suponen un gran sufrimiento y ponen en peligro la integridad física y mental del menor. Algo que el propio reglamento no desconoce, ya que en su artículo 66 afirma que se dejará sin efecto la separación de grupo en el momento en que esta sanción “afecte a la salud física y mental”. Si el reglamento impone medidas disciplinarias que pueden poner en peligro la integridad del menor… ¿dónde está su interés superior y el carácter educativo de las medidas?

Según el profesor García Valdés, “la ciencia médica reconoce que el aislamiento en celda produce procesos psíquicos como cuadros depresivos y ansiosos, ideas paranoides, brotes epilépticos, reacciones histéricas y esquizoides además de una general sintomatología neurótica”. De hecho, el aislamiento dispara el riesgo de suicidio (varios menores han perdido la vida en celdas de aislamiento, y muchos otros han intentado suicidarse) y las conductas autolíticas.


Encerrando no se educa

De lo anteriormente expuesto no se puede sino concluir que el encarcelamiento, lejos de facilitar la reinserción social de las personas presas, ahonda en los procesos de despersonalización y exclusión social que esas personas sufren desde muy temprana edad, deslizando así a la persona hacia la reincidencia. A esta misma conclusión llegó el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2006 en su trabajo Intervención sobre drogas en centros penitenciarios: la prisión no reduce la actividad delictiva y supone un grave riesgo sanitario y social para las personas que entran en prisión.

Los trabajadores en los centros de menores

Los trabajadores de los centros de menores también son víctimas del irracional sistema de justicia juvenil. Y no sólo por las consecuencias laborales de la privatización (que también aumentan el estrés y facilitan la aparición del síndrome del burnout), sino por las consecuencias de trabajar en una institución total y totalitaria.

Sin duda los integrantes del equipo educativo son los trabajadores más afectados. Por un lado, es común entre los educadores un fuerte sentimiento de frustración profesional, ya que la rigidez de la institución le impide ser poco más que una simple correa de transmisión del reglamento del centro. Y por otro lado, va a sufrir una fuerte disonancia cognitiva, ya que la institución le va a exigir unas prácticas que no sólo contradicen generalmente los principios teóricos en que se ha formado, sino incluso sus propias concepciones éticas (mandar a aislamiento a un niño, realizar registros con desnudo integral, intervenir la correspondencia, etc).

Esta situación de continua tensión es la que explica la elevada rotación de plantillas que históricamente ha caracterizado a los centros de menores. Por ejemplo, en el informe sobre centros terapéuticos de protección de menores presentado por el Defensor del Pueblo en 2009, se informa de esta situación. En un sólo año, en Casa Joven más de un tercio de la plantilla del centro pidió la baja voluntaria. También en el transcurso de ese año, en Picón del Jarama se produjeron 48 bajas voluntarias, 9 despidos y 10 bajas médicas. A su vez, en el centro La Jarosa la media de permanencia de los educadores en la empresa no superaba los tres meses. Estos tres centros estaban gestionados por la Fundación O´Belen (los datos son de antes de que estallara el escándalo de esta fundación, que llevó a la clausura de varios de sus centros, por lo que no son atribuibles a la presión social).

Explicada la difícil situación que sufren estos trabajadores, no podemos obviar que, en última instancia, el equipo educativo es el brazo ejecutor del maltrato institucionalmente ideado, con la carga de responsabilidad que este hecho conlleva en relación a la situación de los centros de menores. Aunque no podemos olvidar que el equipo educativo también es la única esperanza para que el internamiento en un centro de menores sirva para algo más que para humillar, someter y maltratar a los menores judicializados o psiquiatrizados. Por este motivo, mientras este tipo de centros sigan existiendo, es necesario apoyar a aquellos profesionales capacitados y comprometidos (no con la administración o la empresa que paga su nómina, sino con los chavales a su cargo) que, a pesar de todas las presiones y limitaciones de la intervención institucionalizada, y la amenaza constante de despido, deciden ser educadores en lugar de meros funcionarios de prisiones privatizados.
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el autor del comentario es el mismo que envió la medida Respuesta alberto garcia
Gracias por toda la información. Te propongo lanzar una propuesta más acorde con tu última intervención de apoyo a los trabajadores y la modificación de los objetivos de estos centros, más orientados a la educación de los menores y no de castigo.
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Comentario de Rosa Bernárdez
Ningún menor debe estar en una cárcel. Si lo necesita se puede acoger en residencias, casas de acogida e incluso asignarles tutores individuales.

Mejor invertir en educación y erradicación de la probreza hereditaria.
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el autor del comentario es el mismo que envió la medida Respuesta alberto garcia
"Residencias, casas de acogida y tutores individuales" forma parte del trabajo de estos centros, el concepto de carcel es erroneo y se basa en una interpretación muy superficial.
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Respuesta de Daniel Reyes Molón
Los centros de internamiento de menores nada tienen que ver con los centros de acogida y demás. De hecho, no dependen de la Servicios Sociales sino de Justicia (de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor).

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